Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot
El miércoles 14 de febrero de 2007, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, advirtió a los dueños de supermercados y frigoríficos que no sabotearan la distribución y comercialización de los productos de primera necesidad, pues de lo contrario se vería obligado a nacionalizarlos, dijo lo siguiente: “Denme la primera excusa para nacionalizar el primer frigorífico y el primer gran abasto y ponerlo a la orden del pueblo.”
El día siguiente, 15 de febrero, anunció que se había reunido con el Consejo Presidencial para la reforma constitucional y con el Gabinete Habilitante y señaló:
• "Está lista, ahora si es verdad que está lista, anoche le dimos otra vuelta a la Ley para la Defensa contra los acaparadores y los especuladores".
• La ley "va a prever nacionalización de frigoríficos, mataderos, unidades productivas de ganadería, etc. para que eso se acabe, ahora si ellos no quieren colaborar el Estado está obligado y el pueblo está obligado a que se cumpla la constitución y la Ley".
• Los especuladores se están metiendo con la alimentación del pueblo, "eso es una cosa sagrada, alimentación es igual a la vida, eso pasa igual con las medicinas, son bienes de consumo de primerísima necesidad".
Todas estas advertencias surgen en momentos en que se produce en Venezuela una escasez de algunos alimentos básicos, como la carne. Los importadores, productores y comerciantes atribuyen la situación a los controles de precios que les impone el Gobierno, muchos por debajo de los costos de producción.
La llamada "Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot", fue aprobada por el Consejo de Ministros en el marco de los poderes especiales otorgados al presidente Chávez por el Legislativo, que lo habilitan desde el pasado 1 de febrero y durante año y medio a dictar decretos-leyes en 11 ámbitos. La ley, publicada en la Gaceta Número 38.629, el miércoles 21 de febrero de 2007. AÑO CXXXIV - MES V, tiene como "función principal velar por el cumplimiento de las regulaciones (de precios) decretadas por el Estado" venezolano en marzo de 2003, indicó un comunicado oficial. La norma forma parte del paquete de medidas puestas en marcha por el gobierno del presidente Chávez para atajar la inflación y la "especulación" de sectores empresariales y comerciales que, según el Ejecutivo, generaron la escasez en Caracas de alimentos sometidos a regulación de precios como la carne roja y los granos.
La ley contra la "especulación" establece en su artículo cuarto que "se declara de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios". "Ello permitirá al Ejecutivo, frente al cierre o abandono de establecimientos o a la persistencia de delitos tales como acaparamiento y especulación, practicar la medida de ocupación temporal preventiva, para restablecer (...) la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios". En cuanto a las sanciones, la ley contempla el "decomiso inmediato de los productos sometidos a control de precios en caso de que el establecimiento cierre, se niegue a la venta con precios regulados, o incurra en acaparamiento". También se establecen multas hasta por 20.000 unidades tributarias (Bs 752,6 millones) y sanciones de 10 años de cárcel. Además se advierte que "toda conducta que afecte el consumo de los alimentos controlados se considerará contraria a la paz social, al derecho a la vida y a la salud del pueblo".
Representantes de gremios de productores y comerciantes han señalado que la "ineficacia" de la política económica del gobierno es la responsable del "desabastecimiento" de varios alimentos controlados, entre otras razones, porque los precios establecidos oficialmente se encuentran "desfasados". El gobierno ha respondido que los sectores comerciantes y productores "quieren ganar mucho", al defender la política de control de precios que estableció en 2003 para combatir la "especulación".
No se justifica esta intervención del Estado, y por eso es conveniente plantear lo siguiente: “El problema no es cuánto debe intervenir el Estado, sino qué tipo de intervención.”
Los productores y comerciantes se están viendo obligados a vender sus productos a precios que no logran cubrir sus costos, amenazados por una ley que establece sanciones óptimas, altamente disuasivas. Este nuevo decreto-ley tipifica delitos que ya estaban contemplados en la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario (acaparamiento, especulación, alteración fraudulenta de precios y contrabando de extracción). Y según la Constitución Bolivariana de 1999, cuando dos o más leyes sancionen un mismo delito, la pena a aplicar será la que más beneficie al reo. En este caso las penas de la Ley del INDECU son mucho menores, por lo cual el mismo sería inaplicable en la mayoría de los casos.
Pero suponiendo que este decreto-ley tipifica delitos que no estaban establecidos, la intervención del Estado para “…practicar la medida de ocupación temporal preventiva, para restablecer (...) la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios…”, no se justifica frente a sanciones que son suficientemente disuasivas, como se señaló anteriormente, para evitar que productores y comerciantes acaparen y especulen, entendiendo que su negocio principal son las ventas, y que el consumidor al no encontrar su producto en un determinado comercio, se puede dirigir a otro a adquirirlo.
No sería ilógico, si los costos superan a la ganancia, imaginar muchos de estos negocios cerrados en un futuro cercano, estando el consumidor frente a una mayor escasez de productos. Se puede sumar al argumento anterior una falta de inversión, producto del amedrentamiento y la coerción en todos los sectores que son afectados por esta ley.
La intervención del Estado en este caso no está incentivando la producción, sino obligando a un sector a fijar precios que no le permiten obtener ningún tipo de ganancias.
Se está colocando a los productores y comerciantes como criminales, acaparadores y especuladores, términos alejados de los que ayudan a generar un clima de inversión, como lo son la confianza, la cooperación, la seguridad, y en resumen, el estado de derecho.
Toda regulación tiene ganadores y perdedores, en principio pareciera que el Estado quiere a los consumidores en el primer grupo y los productores y comerciantes en el segundo, con esto cumple con el bienestar de la mayoría. El Estado justifica su regulación por razones de justicia/equidad, pero definitivamente es una falla de gobierno, “la imposibilidad de conocer cuál es el mejor resultado social puede conducir a situaciones subóptimas”, y los efectos no anticipados mencionados anteriormente son el reflejo de una mala política pública.
El Estado es el administrador de una porción de la actividad económica, y debido a su falta de capacidad para controlarlo todo, recibe el apoyo del sector privado, lo que hace realmente difícil por la ausencia de incentivos para ser eficientes, que pueda intervenir mediante este decreto-ley los bienes de cualquier persona o empresa, de cualquier eslabón de la cadena de producción de productos alimenticios o regulados.
A menos de una semana de haber sido decretada, esta ley ya ha cobrado sus dos primeras víctimas: Antonio Ruiz Zapata propietario del matadero Fribarsa, ubicado en Barinas, y Dionisio Gutiérrez dueño del Frigorífico de Carnes de Perijá (Fricapeca), en el Zulia.
Es conveniente señalar que este tipo de regulación, como muchas otras en los últimos 8 años, está directamente vinculada a los enfoques ideológicos y políticos de las personas que ocupan posiciones dentro del gobierno.
Esta situación de desabastecimiento pudo ser resuelta con la cooperación del sector público y privado, para lograr una solución que permita a los productores y comerciantes, vender a precios que logren cubrir los costos y generar una ganancia justa, en beneficio de los consumidores finales y la producción nacional. Suena muy fácil decirlo, pero se pueden mencionar dos casos de cooperación que sirven como ejemplo:
1. El apoyo institucional, la importancia del Estado y la promoción activa del gobierno de Costa Rica a una idea de CINDE (ONG), que logra la instalación de la planta INTEL en su zona franca.
2. El trabajo desarrollado por la Alcaldía de Cartagena, para, después de múltiples dificultades, establecer la empresa privada Aguas de Cartagena y lograr mejoras en el servicio.
Dashiell López
Referencias:
• Richard Obuchi, “Regulación: ¿Por qué el estado interviene en nuestras vidas?”, Febrero 2007
• Casos:
o Niels W. Ketelhohn y Michael E. Porter, “INTEL en Costa Rica”, Harvard Business Review
o Christa C. Erml, “Aguas de Cartagena,” Kennedy School of Government
• “Presidente advierte a supermercados y frigoríficos que pudiera nacionalizarlos,” Unión Radio, Febrero 14, 2007
http://www.unionradio.net/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194731
• “Chávez: "Está lista la Ley para la Defensa contra los acaparadores y los especuladores",” Unión Radio, Febrero 15, 2007
http://www.unionradio.net/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194827
• “Chavez advierte que nacionalizara los supermercados si especulan,” El Mundo, Febrero 16, 2007
• “Maza Zavala: La amenaza no es la mejor manera para alcanzar los objetivos económicos,” Unión Radio, Febrero 16, 2007
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194894
• ”Especulación y acaparamiento,” El Nacional, Febrero 19, 2007
• “Gobierno podrá expropiar industrias y supermercados,” El Nacional, Febrero 22 de 2007
• “Aprobada ley para combatir especulación y acaparamiento,” El Nacional, Febrero 18 de 2007
• “Chávez aprobó decreto-ley que penaliza "especulación y acaparamiento" de alimentos,” Radio Caracol, Febrero 18 de 2007
http://www.caracol.com.co/noticias/392649.asp
• “Gaceta Oficial,” Febrero 21, 2007
http://www.eluniversal.com/2007/02/21/gace_index.shtml
• “Gobierno podrá expropiar industrias y supermercados,” El Nacional, Febrero 22 de 2007
• “Venezuela enfrentará la inflación "con el pueblo organizado",” Deutsche Presse Agentur, Febrero 22, 2007
• ”¿Por qué no derogar la ley de oferta y demanda?”, El Nacional, Febrero 26, 2007
• “La llaman “ley de defensa”….,” VenEconomía, Febrero 26, 2007
• “El sepelio del sector privado,” VenEconomía, Febrero 22, 2007
• “El calvario de la inflación,” El Nacional, Febrero 23, 2007
• “Yankee ¡go home!,” VenEconomía, Febrero 23, 2007
• “Expropiados frigoríficos en Zulia e Barinas,” El Nacional, Febrero 24, 2007
El día siguiente, 15 de febrero, anunció que se había reunido con el Consejo Presidencial para la reforma constitucional y con el Gabinete Habilitante y señaló:
• "Está lista, ahora si es verdad que está lista, anoche le dimos otra vuelta a la Ley para la Defensa contra los acaparadores y los especuladores".
• La ley "va a prever nacionalización de frigoríficos, mataderos, unidades productivas de ganadería, etc. para que eso se acabe, ahora si ellos no quieren colaborar el Estado está obligado y el pueblo está obligado a que se cumpla la constitución y la Ley".
• Los especuladores se están metiendo con la alimentación del pueblo, "eso es una cosa sagrada, alimentación es igual a la vida, eso pasa igual con las medicinas, son bienes de consumo de primerísima necesidad".
Todas estas advertencias surgen en momentos en que se produce en Venezuela una escasez de algunos alimentos básicos, como la carne. Los importadores, productores y comerciantes atribuyen la situación a los controles de precios que les impone el Gobierno, muchos por debajo de los costos de producción.
La llamada "Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot", fue aprobada por el Consejo de Ministros en el marco de los poderes especiales otorgados al presidente Chávez por el Legislativo, que lo habilitan desde el pasado 1 de febrero y durante año y medio a dictar decretos-leyes en 11 ámbitos. La ley, publicada en la Gaceta Número 38.629, el miércoles 21 de febrero de 2007. AÑO CXXXIV - MES V, tiene como "función principal velar por el cumplimiento de las regulaciones (de precios) decretadas por el Estado" venezolano en marzo de 2003, indicó un comunicado oficial. La norma forma parte del paquete de medidas puestas en marcha por el gobierno del presidente Chávez para atajar la inflación y la "especulación" de sectores empresariales y comerciales que, según el Ejecutivo, generaron la escasez en Caracas de alimentos sometidos a regulación de precios como la carne roja y los granos.
La ley contra la "especulación" establece en su artículo cuarto que "se declara de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios". "Ello permitirá al Ejecutivo, frente al cierre o abandono de establecimientos o a la persistencia de delitos tales como acaparamiento y especulación, practicar la medida de ocupación temporal preventiva, para restablecer (...) la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios". En cuanto a las sanciones, la ley contempla el "decomiso inmediato de los productos sometidos a control de precios en caso de que el establecimiento cierre, se niegue a la venta con precios regulados, o incurra en acaparamiento". También se establecen multas hasta por 20.000 unidades tributarias (Bs 752,6 millones) y sanciones de 10 años de cárcel. Además se advierte que "toda conducta que afecte el consumo de los alimentos controlados se considerará contraria a la paz social, al derecho a la vida y a la salud del pueblo".
Representantes de gremios de productores y comerciantes han señalado que la "ineficacia" de la política económica del gobierno es la responsable del "desabastecimiento" de varios alimentos controlados, entre otras razones, porque los precios establecidos oficialmente se encuentran "desfasados". El gobierno ha respondido que los sectores comerciantes y productores "quieren ganar mucho", al defender la política de control de precios que estableció en 2003 para combatir la "especulación".
No se justifica esta intervención del Estado, y por eso es conveniente plantear lo siguiente: “El problema no es cuánto debe intervenir el Estado, sino qué tipo de intervención.”
Los productores y comerciantes se están viendo obligados a vender sus productos a precios que no logran cubrir sus costos, amenazados por una ley que establece sanciones óptimas, altamente disuasivas. Este nuevo decreto-ley tipifica delitos que ya estaban contemplados en la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario (acaparamiento, especulación, alteración fraudulenta de precios y contrabando de extracción). Y según la Constitución Bolivariana de 1999, cuando dos o más leyes sancionen un mismo delito, la pena a aplicar será la que más beneficie al reo. En este caso las penas de la Ley del INDECU son mucho menores, por lo cual el mismo sería inaplicable en la mayoría de los casos.
Pero suponiendo que este decreto-ley tipifica delitos que no estaban establecidos, la intervención del Estado para “…practicar la medida de ocupación temporal preventiva, para restablecer (...) la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios…”, no se justifica frente a sanciones que son suficientemente disuasivas, como se señaló anteriormente, para evitar que productores y comerciantes acaparen y especulen, entendiendo que su negocio principal son las ventas, y que el consumidor al no encontrar su producto en un determinado comercio, se puede dirigir a otro a adquirirlo.
No sería ilógico, si los costos superan a la ganancia, imaginar muchos de estos negocios cerrados en un futuro cercano, estando el consumidor frente a una mayor escasez de productos. Se puede sumar al argumento anterior una falta de inversión, producto del amedrentamiento y la coerción en todos los sectores que son afectados por esta ley.
La intervención del Estado en este caso no está incentivando la producción, sino obligando a un sector a fijar precios que no le permiten obtener ningún tipo de ganancias.
Se está colocando a los productores y comerciantes como criminales, acaparadores y especuladores, términos alejados de los que ayudan a generar un clima de inversión, como lo son la confianza, la cooperación, la seguridad, y en resumen, el estado de derecho.
Toda regulación tiene ganadores y perdedores, en principio pareciera que el Estado quiere a los consumidores en el primer grupo y los productores y comerciantes en el segundo, con esto cumple con el bienestar de la mayoría. El Estado justifica su regulación por razones de justicia/equidad, pero definitivamente es una falla de gobierno, “la imposibilidad de conocer cuál es el mejor resultado social puede conducir a situaciones subóptimas”, y los efectos no anticipados mencionados anteriormente son el reflejo de una mala política pública.
El Estado es el administrador de una porción de la actividad económica, y debido a su falta de capacidad para controlarlo todo, recibe el apoyo del sector privado, lo que hace realmente difícil por la ausencia de incentivos para ser eficientes, que pueda intervenir mediante este decreto-ley los bienes de cualquier persona o empresa, de cualquier eslabón de la cadena de producción de productos alimenticios o regulados.
A menos de una semana de haber sido decretada, esta ley ya ha cobrado sus dos primeras víctimas: Antonio Ruiz Zapata propietario del matadero Fribarsa, ubicado en Barinas, y Dionisio Gutiérrez dueño del Frigorífico de Carnes de Perijá (Fricapeca), en el Zulia.
Es conveniente señalar que este tipo de regulación, como muchas otras en los últimos 8 años, está directamente vinculada a los enfoques ideológicos y políticos de las personas que ocupan posiciones dentro del gobierno.
Esta situación de desabastecimiento pudo ser resuelta con la cooperación del sector público y privado, para lograr una solución que permita a los productores y comerciantes, vender a precios que logren cubrir los costos y generar una ganancia justa, en beneficio de los consumidores finales y la producción nacional. Suena muy fácil decirlo, pero se pueden mencionar dos casos de cooperación que sirven como ejemplo:
1. El apoyo institucional, la importancia del Estado y la promoción activa del gobierno de Costa Rica a una idea de CINDE (ONG), que logra la instalación de la planta INTEL en su zona franca.
2. El trabajo desarrollado por la Alcaldía de Cartagena, para, después de múltiples dificultades, establecer la empresa privada Aguas de Cartagena y lograr mejoras en el servicio.
Dashiell López
Referencias:
• Richard Obuchi, “Regulación: ¿Por qué el estado interviene en nuestras vidas?”, Febrero 2007
• Casos:
o Niels W. Ketelhohn y Michael E. Porter, “INTEL en Costa Rica”, Harvard Business Review
o Christa C. Erml, “Aguas de Cartagena,” Kennedy School of Government
• “Presidente advierte a supermercados y frigoríficos que pudiera nacionalizarlos,” Unión Radio, Febrero 14, 2007
http://www.unionradio.net/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194731
• “Chávez: "Está lista la Ley para la Defensa contra los acaparadores y los especuladores",” Unión Radio, Febrero 15, 2007
http://www.unionradio.net/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194827
• “Chavez advierte que nacionalizara los supermercados si especulan,” El Mundo, Febrero 16, 2007
• “Maza Zavala: La amenaza no es la mejor manera para alcanzar los objetivos económicos,” Unión Radio, Febrero 16, 2007
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194894
• ”Especulación y acaparamiento,” El Nacional, Febrero 19, 2007
• “Gobierno podrá expropiar industrias y supermercados,” El Nacional, Febrero 22 de 2007
• “Aprobada ley para combatir especulación y acaparamiento,” El Nacional, Febrero 18 de 2007
• “Chávez aprobó decreto-ley que penaliza "especulación y acaparamiento" de alimentos,” Radio Caracol, Febrero 18 de 2007
http://www.caracol.com.co/noticias/392649.asp
• “Gaceta Oficial,” Febrero 21, 2007
http://www.eluniversal.com/2007/02/21/gace_index.shtml
• “Gobierno podrá expropiar industrias y supermercados,” El Nacional, Febrero 22 de 2007
• “Venezuela enfrentará la inflación "con el pueblo organizado",” Deutsche Presse Agentur, Febrero 22, 2007
• ”¿Por qué no derogar la ley de oferta y demanda?”, El Nacional, Febrero 26, 2007
• “La llaman “ley de defensa”….,” VenEconomía, Febrero 26, 2007
• “El sepelio del sector privado,” VenEconomía, Febrero 22, 2007
• “El calvario de la inflación,” El Nacional, Febrero 23, 2007
• “Yankee ¡go home!,” VenEconomía, Febrero 23, 2007
• “Expropiados frigoríficos en Zulia e Barinas,” El Nacional, Febrero 24, 2007
Comentarios
Simplemente, las políticas económicas del gobierno son retrógradas, probadamente ineficaces y un cuchillo para su propio pescuezo. Tan solo voy a mencionar algunas para que entendamos de qué estamos hablando:
Control de precios: es un generador de escasez, pues cuando un empresario no puede cubrir sus costos tiene dos opciones, cerrar ó producir variaciones del producto que no califiquen dentro de los productos controlados, por ejemplo papel toilette fucsia con olor piña y hierbas tropicales. Como resultado, escasez de papel toilette normal y corriente, y hay que pagar un extra por el olor a piña que el c..lo no necesita! Además, produce inflación, porque el producto más caro es el que no existe, y como algunos empresarios han dejando producir, se acaba el papelito de piñita bien rápido, así que el precio de este último puede tender a subir!!!
Disminución/Eliminación del IVA para algunos rubros: es una medida altamente inflacionaria, pues Guess What! No sólo hay poco papel con olor a piñita, sino que ahora los consumidores tenemos más real en el bolsillo y podemos comprar más papel para que inclusive le limpiemos las patas al perro después de pasearlo por el parque, lo que implica aumento del poder adquisitivo instantáneo, lo que genera un golpe de demanda estruendoso, y la oferta sigue igual, ó más bien en declive, porque si te ven con mucho inventario te “nacionalizan”. Entonces se acentúa la escasez y suben los precios once again!
Entonces el pana Chávez dice que va a buscar el producto en donde esté y va acabar con los acaparadores, lo cual termina creando un ambiente de incertidumbre en el que los pocos que quedan produciendo no quieren acumular mucho inventario para que no los j..dan, y como final de la historia el pueblo pasa hambre, lo racionan y lo ponen a hacer colas par comerse un pedazo de carne de tercera.
Si suponemos que el éxito de un gobierno es mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos de un determinado país, entonces estos panas cada vez se hunden más en su ineficacia y se alejan cada vez más del “mar de la felicidad”, es decir, es un perro que se persigue la cola, se la arranca; luego se persigue el c..lo, se lo arranca; y al final no va quedar perro, es decir, yo apuesto a que ellos mismos se destruyen, y por supuesto nos destruyen a todos en el camino.