Ineficiencia institucional

El 16, 17 y 18 de Junio de 2007 se realizó en Venezuela la recolección de manifestaciones de voluntad, recolección de firmas, para buscar la posible solicitud de Referendos Revocatorios (RR) en contra de 9 Gobernadores, 109 Alcaldes y 49 Diputados.

Un mes antes, el 16 de Mayo, la asociación civil Súmate anunciaba lo ilógico de estos RR:

1. Existe un vacío legal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional están en deuda con la elaboración de la legislación sobre referendos. Según la interpretación de las leyes vigentes, la sustitución de un funcionario revocado no conduciría a la inmediata elección de la persona que lo reemplazaría en el cargo.
  • En la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) se instruye al CNE, entre otras cosas, para que elabore el Proyecto de Ley de Referendos. La LOPE fue publicada en Gaceta Oficial en Noviembre de 2002 y ese proyecto aún no ha sido presentado por el CNE.
  • La Asamblea Nacional es responsable de omisión legislativa al incumplir con la obligación que le atribuye la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución, esto es, al no haber dictado, dentro del plazo estipulado en dicha Disposición, la Ley sobre Referendos, siendo ello una medida indispensable para garantizar el cumplimiento de los artículos 71, 72, 73 y 74 de la Constitución (Recurso interpuesto al TSJ por Ciudadanía Activa).
  • Disposición transitoria sexta: La AN en un lapso de 2 años, legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución.
2. Los cargos de Gobernadores, Alcaldes y miembros del Consejo Legislativo tienen una duración de 4 años, el RR se puede activar a partir de la mitad del período, es decir, después del segundo año. El 31 de Octubre de 2006 se cumplió la mitad del período, y la primera recolección de firmas fue convocada 7 meses y medio después (16,17 y 18 de Junio de 2007), cuando apenas falta 1 año y 4 meses para las próximas elecciones. Representan un gasto innecesario que se pudiera utilizar para invertir en la seguridad de los ciudadanos del país, construcción de viviendas y en las tantas necesidades que sufrimos los venezolanos.

3. Los grupos de ciudadanos que organizan y participan en los eventos de recolección de manifestaciones de voluntades o firmas, se sienten coaccionados tanto por el gobierno central que hace un llamado a destituir a algunos funcionarios, como también por los Alcaldes y Gobernadores que tienen posibilidad de ser revocados.
  • Este temor no es algo nuevo, y tiene como antecedentes las Listas de Tascón y Maisanta que se crearon para presionar a los promotores del RR presidencial del año 2004, además del uso de las máquinas captahuellas. También podemos mencionar el video del actual Ministro de Energía y Minas y presidente de PDVSA quien hizo un llamado a los altos ejecutivos de la empresa a ser “rojos rojitos”, sin recibir hasta los momentos ningún tipo de sanción por parte del CNE.
  • El 14 de Junio de 2007, Freddy Bernal, el alcalde del municipio Libertador, declaraba lo siguiente: “yo coloqué adicional tres guardianes por centro y esos guardianes van a tener un brazalete tricolor similar al que tuvimos el 4 febrero y 27 de noviembre de 1992 y voy a contabilizar cuantas firmas van a recoger".
El resultado de estos RR, hasta los momentos, se resume en la activación de 9 en total (8 Alcaldes y 1 Diputada al Consejo Legislativo), pero se debe recordar que las solicitudes eran 167. Estamos aún a la espera de la cifra de dinero que “invirtió” el CNE en este proceso.

El TSJ no se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos por PPT, Asociación Civil Marina Mercante Bolivariana (Edo. Bolívar), Bloque de Integración y Participación Nacional (Edo. Aragua) y el CNE sobre el vacío legal existente.

El CNE se demoró en activar los mecanismos que permitieran conocer la interpretación del TSJ y además no presionó para conocer una respuesta antes de la recolección de las manifestaciones de voluntad.

Este año el organismo electoral se ha planteado realizar los Proyectos de Ley de los Procesos Electorales, Ley del Registro del Estado Civil de las Personas, Ley de las Organizaciones con Fines Políticos y Participación Política.

Espero que estos Proyectos de Ley sean presentados a la sociedad y sometidos a una discusión abierta y participativa, que permita conocer ampliamente sus contenidos y realizar los cambios que se requieran. Los ciudadanos debemos entender la importancia de una labor contralora, que permita no sólo registrar las cosas que ocurren diariamente en nuestro país, sino además plantear soluciones y activar los mecanismos que sean necesarios para impedir el crecimiento de esta ineficiencia institucional.

Dashiell López

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