¿Dónde están las cuentas del Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Con este título se presentaba un aviso de prensa del 12 de marzo de 2006. En aquel momento Súmate señalaba que Francisco Carrasquero, presidente del CNE en el 2003 y 2004 y actual magistrado de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no había cumplido con la entrega a la Asamblea Nacional (AN) de la Memoria y Cuenta de su gestión.

En esa fecha, marzo de 2006, Jorge Rodríguez, el presidente del CNE, luego vicepresidente de la República durante el 2007 y actual coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tampoco había rendido cuentas al país de su gestión del año 2005.

El artículo 66 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece el derecho que tienen los electores a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión. Además el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), señala un período de sesenta días posteriores al vencimiento del ejercicio anual para presentar ante la AN la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria. Otros artículos a considerar son el 141 de la CRBV, 51 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el 20 de la Ley Contra la Corrupción.

LA AN, la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Supremo de Justicia nunca se han pronunciado sobre la falta de rendición de cuentas del CNE en el tiempo previsto por la ley. La Memoria y Cuenta de los años 2005 y 2006 fue presentada en abril de 2006 y en mayo de 2007 respectivamente, dos meses después del tiempo límite que señala la ley.

El 5 de abril de 2006, Súmate introdujo ante la CGR una solicitud con el fin de que este órgano abriera la correspondiente averiguación administrativa y aplicara las sanciones correspondientes previstas en el ordenamiento jurídico nacional. Como todos los poderes del estado venezolano, el CNE debe explicar cuánto dinero recibe, ejecuta y cómo los ha invertido. Ese mismo mes, la organización civil presentó sus objeciones a las postulaciones de los rectores del CNE, por no haber cumplido con la obligación de rendir cuentas de las operaciones y resultados de su gestión. El resultado, ya conocido, fue que la rectora Tibisay Lucena fue premiada con el cargo de presidenta de la institución electoral.

Ya estamos a mediados de junio de 2008, han pasado tres meses y medio de esa fecha tope para la entrega de un documento, que como electores tenemos todo el derecho de solicitar.

El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República tiene previsto una serie de sanciones para los funcionarios públicos, entre ellos el Poder Electoral, que están obligados a rendir cuentas de su gestión y no lo hagan en su debida oportunidad, sin justificación o no presten las facilidades requeridas para la revisión.

Este año, con el fin de que el CNE cumpla con su obligación Súmate introdujo una demanda por omisión ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 25 de marzo, para que declarara la omisión y le exija al organismo electoral la presentación de su Memoria y Cuenta 2007.

Luego de que esa máxima instancia judicial admitiera el recurso, el pasado martes 3 de junio se cumplió con la fase de presentación de pruebas entregando como evidencia información de prensa en la que algunos rectores del Organismo Electoral admitieron estar en mora con esta obligación.

Sobre la nueva lista

Cómo algunos rectores del CNE pueden pretender evitar que actuales candidatos a las elecciones regionales se postulen, basándose en el nuevo apartheid de la lista del contralor Russián. Esas inhabilitaciones se pueden activar para funciones y cargos administrativos, el mismo tipo de cargo que ocupan los actuales rectores, que acumulan falta de rendición de cuentas, y no para los de elección popular al menos que exista sentencia firme.

Que arma política tan peligrosa la que se le podría otorgar a los futuros contralores, si estas inhabilitaciones, realizadas a base de puro sentimiento político, impiden las postulaciones de los candidatos afectados.

Dashiell López